Durante más de tres décadas, Colombia ha defendido la descentralización como uno de los pilares de su arquitectura institucional. Desde la Constitución de 1991, el discurso ha sido consistente: acercar el Estado al territorio, fortalecer la democracia local, mejorar la eficiencia de la gestión pública y responder mejor a las necesidades ciudadanas.
Sin embargo, existe un riesgo estructural que rara vez se aborda con la seriedad que merece: la descentralización sin capacidades reales de decisión. No es un riesgo visible, no genera titulares inmediatos y tampoco suele aparecer en los debates políticos coyunturales. Pero es, probablemente, uno de los factores que más explica el desgaste institucional, la baja calidad de la inversión pública y la frustración ciudadana frente al Estado.
El problema no es la descentralización
Conviene decirlo con claridad desde el inicio: el problema no es la descentralización en sí misma. Colombia no está “demasiado descentralizada”. Tampoco el problema es la elección popular de alcaldes o gobernadores, ni la autonomía territorial reconocida en la Constitución.
El problema es más profundo y menos cómodo: se transfirieron competencias, responsabilidades y expectativas sin construir, de manera sistemática, las capacidades necesarias para ejercerlas.
Hoy, en cientos de municipios del país, los gobiernos locales toman decisiones que comprometen recursos públicos, ordenamiento territorial, infraestructura, medio ambiente y cohesión social, sin contar con herramientas suficientes para analizar escenarios, evaluar riesgos, priorizar inversiones o anticipar impactos de mediano y largo plazo.
Cuando gobernar se vuelve reaccionar
En muchos municipios, especialmente pequeños y medianos, la toma de decisiones públicas opera bajo una lógica reactiva. Se decide para responder a la presión inmediata de la comunidad, a la urgencia política del momento, al temor al control disciplinario o fiscal, o simplemente a la falta de tiempo y de equipos técnicos robustos.
En ese contexto, la planeación pierde su función estratégica y se convierte en un requisito formal. Los planes existen, pero no ordenan realmente las decisiones. El presupuesto se ejecuta, pero no siempre prioriza lo que genera mayor impacto. Las obras se hacen, pero no siempre responden a una visión clara de desarrollo territorial.
El resultado no es necesariamente corrupción abierta, sino algo más sutil y persistente: decisiones subóptimas, inversiones fragmentadas y un Estado local que parece siempre correr detrás de los problemas.
El miedo como sustituto del criterio
Otro efecto silencioso de la descentralización sin capacidades es la instalación del miedo como principal regulador de la decisión pública. En ausencia de métodos claros para decidir, muchos gobiernos locales terminan gobernando bajo una lógica defensiva: mejor no decidir, mejor hacer lo mínimo, mejor no asumir riesgos.
El asesor jurídico se convierte en un freno más que en un gestor de alternativas. El análisis presupuestal se reduce a la restricción inmediata. La política se vacía de visión y se llena de cautela excesiva.
Paradójicamente, este tipo de gobierno no reduce los riesgos; simplemente los desplaza en el tiempo y los hace más costosos.
La descentralización como sistema, no como consigna
Pensar la descentralización solo como transferencia de recursos o competencias es un error conceptual. La descentralización es, ante todo, un sistema de toma de decisiones distribuidas.
Y todo sistema de decisiones necesita, como mínimo, información confiable, capacidad de análisis técnico, criterios explícitos de priorización, lectura de riesgos y escenarios, y responsabilidad política clara sobre lo que se decide.
Cuando estos elementos no existen, la autonomía se convierte en una carga y no en una oportunidad.
El costo oculto de decidir mal
Decidir mal también tiene costos. Costos que no siempre aparecen en los informes financieros, pero que pesan sobre el territorio: obras que no resuelven problemas estructurales, proyectos que se abandonan a mitad de camino, conflictos sociales que pudieron evitarse y una creciente desconfianza ciudadana frente a la institucionalidad.
En muchos casos, estos costos superan ampliamente los riesgos de haber decidido mejor, aunque ello implicara asumir posiciones impopulares o innovar dentro del marco legal.
Hacia una descentralización con capacidades
Superar este riesgo no implica recentralizar ni debilitar la autonomía territorial. Implica algo más exigente: profesionalizar la toma de decisiones públicas en el nivel local.
Esto supone pasar de la improvisación al método, de la reacción a la prospectiva, del miedo al riesgo consciente y de la planeación formal a la planeación que orienta decisiones reales.
La descentralización solo cumple su promesa cuando los territorios no solo tienen competencias, sino también criterio, herramientas y horizonte para ejercerlas.
Una reflexión final
El futuro del Estado colombiano no se juega únicamente en las grandes reformas nacionales. Se juega, todos los días, en cientos de decisiones locales aparentemente pequeñas, pero acumulativamente decisivas.
Si la descentralización sigue avanzando sin un fortalecimiento serio de las capacidades decisionales territoriales, el riesgo no es solo la ineficiencia. El riesgo es el desgaste silencioso de la democracia local.
Fortalecer la descentralización, hoy, significa fortalecer la capacidad de decidir bien en el territorio. Todo lo demás es retórica.